El jueves 4 iba a instalarse la mesa de trabajo entre legisladores y el Movimiento por la paz con justicia y dignidad, impulsado por Javier Sicilia. Era el primer encuentro generado por el diálogo abierto en el castillo de Chapultepec una semana atrás. La cita, sin embargo, no se consumó. Sicilia apareció a las puertas del palacio legislativo para denunciar la suspensión del diálogo con los congresistas. Aunque atribuyó a su contraparte el origen de tal suspensión, al continuar el trámite de la reforma de la ley de seguridad nacional, pareció que la decisión de romper el diálogo era suya, porque el poeta dijo que no podía hablar con personas que traicionaban su palabra. Y extendió la suspensión a las reuniones previstas con la secretaría de gobernación, pues imputó al Ejecutivo haber festejado el trámite parlamentario.
Opino que la reacción de Sicilia es desproporcionada y contraproducente. Expreso este parecer abiertamente, pero sin que ello suponga un afán de denostar al movimiento y a su inspirador, a los que profeso el mayor de los respetos, no sólo porque el dolor y la indignación son sus motores, y la paz con justicia y dignidad sus metas, sino porque están siendo víctimas de una denostación claramente orquestada a la que por supuesto no me agrego.
La reacción es desproporcionada porque no ha ocurrido nada que signifique una traición a la palabra empeñada por los legisladores y porque la ley objetada por Sicilia está lejos de haber sido aprobada. En la reunión de Chapultepec los legisladores deliberadamente se abstuvieron de referirse al pedido del poeta y del dominico Miguel Concha, impugnadores de ese ordenamiento y no asumieron respecto de éste ningún compromiso. No dijeron que congelarían su procedimiento. Aceptaron que a la hora de dictaminar estarían presentes representantes del Movimiento y a esa palabra no se ha faltado porque tal hora no llega aún y podría no llegar pronto.
Conviene recordar, antes de entrar en el fondo del asunto, el lento trayecto legislativo de la norma que el Movimiento por la paz objeta. El 23 de abril de 2009 el presidente Calderón presentó una iniciativa para reformar la ley de seguridad nacional que tenía entonces apenas cuatro años de edad. El objetivo era ofrecer a las fuerzas militares de la Federación un status que legalice su participación en funciones de seguridad pública, pues su intervención en ese campo, iniciada en diciembre de 2006, se basa en fundamentos endebles. Las propias fuerzas armadas han reclamado ese marco jurídico.
El Senado aprobó finalmente el proyecto de ley, dos años más tarde, no sin someterlo a una profunda cirugía. El propósito era equilibrar la satisfacción a esa necesidad castrense y el respeto a los derechos humanos, que quedaban en riesgo de muchas maneras, entre ellas el que las violaciones a tales prerrogativas del ciudadano serían vistas en tribunales castrenses.
La minuta llegó a la Cámara de diputados en el periodo de sesiones que terminó el 30 de abril y es, conforme al procedimiento constitucional, la materia de discusión de la segunda cámara. El documento senatorial fue turnado a varias comisiones: la de Gobernación, Defensa nacional y derechos humanos. Ellas deben, conjuntamente, emitir un dictamen, a partir de predictámenes preparados por separado en cada de ellas. Para cumplir su cometido, la Comisión de Gobernación convocó el 27 de mayo a consultas con expertos agrupaciones civiles y citó para votar su predictamen al miércoles 4. Veintiséis legisladores lo aprobaron en lo general y sólo uno votó en contra. Pero todos los artículos de la reforma fueron reservados para su discusión en lo particular, de manera que, en el extremo formal, podría ser modificada por entero la minuta senatorial. Es remoto que eso ocurra, pero no que se enmienden algunos de esos artículos, por lo que la Comisión de Gobernación propuso que la votación en particular se realice en conferencia con los senadores que tendrían que decidir, en su momento, si se avienen a las enmiendas a su documento o las rechazan.
La conferencia es un procedimiento excepcional que se aleja de la norma general en que las comisiones de cada cámara dictaminan separadamente y llevan sus resoluciones al pleno respectivo. El método de conferencia ahorra tiempo y discusiones pues no tienen que duplicarse las sesiones en comisión. Luego de que en este caso se apruebe el resultado de la discusión en particular, el documento respectivo será considerado como base para el debate en las comisiones de derechos humanos y defensa nacional, y las tres unidas emitirán un dictamen que será sometido al pleno de la Cámara de diputados y luego volvería al Senado. Es difícil que eso ocurra en un periodo extraordinario. Será materia, por lo tanto, de la complicada agenda del periodo ordinario de otoño, a partir del primero de septiembre.
Aparte el enredo formal que desconcertó a los pacifistas unidos en torno de Sicilia, en el fondo de esta reforma se evidencian o se han suscitados varias querellas más o menos ocultas. Aparece, en primer término, el intento de las fuerzas armadas de tomar posiciones en el debate público sobre su papel. El proyecto presidencial de abril de 2009 fue preparado en las sedes militares, y compendia la visión castrense no sólo acerca de su papel en la seguridad pública y no sólo en la nacional sino en la regulación de la vida política del País. El proyecto permitía que se llamara a las fuerzas armadas a enfrentar movilizaciones sociales y políticas, lo que llanamente significa criminalizar la protesta ciudadana, extremo por completo contrario al respeto de las personas y sus agrupaciones.
A pesar de que el debate senatorial melló buena parte de las agudas aristas de la iniciativa presidencial, los militares tuvieron ocasión de influir para que se mantuvieran medidas que, a juicio de organizaciones de derechos humanos implican no únicamente la legalidad del Ejército y la Marina como fuerzas policíacas, sino la militarización de la vida del País.
Cuando la minuta pasó del Senado a la Cámara sirvió para abrir un nuevo episodio de la contienda legislativa entre los grupos parlamentarios del PRI, que se repelen recíprocamente. La diputación mexiquense en este punto con Alfonso Navarrete Prida a la cabeza, se arrogó la facultad de preparar su propio predictamen, al margen de las comisiones, especialmente la de Gobernación. El documento, carente de todo valor formal, pretendía rescatar el sentido y el significado del proyecto presidencial, para satisfacer al Ejército. De haber prosperado esa maniobra, Enrique Peña Nieto que es jefe de los diputados federales de su entidad y de otros muchos, habría obtenido un doble logro. Habría aparecido ante las fuerzas armadas como campeón de su causa, a diferencia de Manlio Fabio Beltrones, en cuya cámara se buscó ceñir a los términos constitucionales la actuación militar, tal como se reflejó en la minuta. Y al mismo tiempo habría desdorado el brillo del Senador sonorense ante las agrupaciones ciudadanas, satisfechas con la mayor parte del contenido de la reforma política aprobada también por el Senado y también frenada por los priístas, es decir, por Peña Nieto, en la cámara de diputados.
El intento de golpe legislativo se frustró el miércoles pasado. Conforme al procedimiento interno, la Comisión de Gobernación discutió la minuta senatorial y no el documento de Navarrete. Es deseable, porque es necesario, que el desencuentro entre Sicilia y los legisladores termine, y el poeta mismo o representantes de su movimiento estén presentes en la discusión en conferencia de cada uno de los artículos objetados, es decir todos los de minuta. De ese modo se desazolvaría también el canal de comunicación abierta en Chapultepec para que se cumplan compromisos claramente establecidos por los legisladores, como la emisión de una ley de víctimas, que atendería el corazón del movimiento pacifista, cuya máxima virtud ha consistido en colocar a las personas dañadas por la violencia criminal y su combate, y a sus deudos, en el centro de las preocupaciones nacionales.
Si bien el silencio puede ser elocuente, en este caso es necesario que Sicilia revive el diálogo, muerto en flor. También es preciso reabrir las mesas de trabajo con el Ejecutivo, a las que no tenía que haber alcanzado la ruptura del pacifismo y la Comisión Permanente del Congreso.
