Un tribunal federal dejó el jueves pasado en completa libertad a Jorge Hank Rohn. La jueza Blanca Evelia Parra Meza había dado el primer paso en esa dirección el 15 de junio, luego de que el ex alcalde de Tijuana y diez empleados suyos habían sido detenidos once días atrás, acusados de acopio de armas. La Procuraduría General de la República impugnó ese fallo, pero la resolución de primera instancia fue confirmada. Por lo menos respecto de ese caso, el primero por el cual fue llevado ante la justicia, el hijo del profesor Carlos Hank González puede respirar con alivio.
Pero la sociedad no puede hacer lo mismo. Se lo impiden varios factores. Uno inmediato es la reiterada incapacidad del Ministerio Público federal para sostener acusaciones que han conducido a prisión a los imputados. En el caso de Hank Rohn y su personal, el lapso de detención fue breve. Pero Gregorio Sánchez, el ex alcalde de Cancún detenido en mayo del año pasado, y cuyo caso citamos porque también lo perdió la PGR la semana pasada, fue recluido durante más de un año, al cabo del cual resulta que no cometió los delitos que se le atribuyeron. Más a menudo de lo que quisiera subrayo y lamento la negligencia o corrupción que lleva a la procuración federal de justicia a la frustración de sus acusaciones. Pero es que con la misma o mayor frecuencia los tribunales desestiman los expedientes ministeriales porque carecen de indicios para librar órdenes de aprehensión o iniciar procesos.
En el caso de Hank, la Procuraduría General de la República acaso tenga una atenuante, que de cara al interés general es su contrario. La PGR se vio obligada a una misión imposible: legalizar una actuación militar notoriamente falta de sustento, y que no puede dejarse pasar como si no hubiera ocurrido. En la madrugada del cuatro de junio, miembros del Ejército irrumpieron en el domicilio de Hank Rohn en Tijuana. Puesto que no portaban órdenes de cateo ni de aprehensión, fingieron que perseguían a unas personas en flagrancia. El parte castrense del que tuvo que partir el ministerio público contenía un relato inverosímil que fue contradicho con eficacia por la defensa de Hank.
Se trató de un allanamiento ilegal. Esa es hoy la verdad jurídica firme que coincide con los hechos de la realidad. Pero hay problemas pendientes. En un cuerpo sujeto a severa disciplina, como el Ejército federal, alguien tuvo que dar la orden de entrar en la casa de Hank Rohn y aprehenderlo. Si nadie emitió ese mandamiento, estamos frente a un peligroso caso de descontrol que no debería ser desestimado por la propia autoridad castrense. Pero hasta ahora no se ha alegado que los soldados actuaran por su cuenta. Perpetraron la invasión a un domicilio particular en acatamiento a sus superiores. No es posible soslayar ese hecho, que no puede quedar sin castigo. Si se pasa por alto lo ocurrido, y si se tiene en cuenta la eminencia económica, social y política de la víctima –además de ser presidente municipal de Tijuana, Hank Rohn fue candidato priísta al gobierno del estado, lo que le sucedió el cuatro de junio puede afectar a cualquier persona. Se requiere que la autoridad militar, y aun la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas explique lo sucedido, al margen del procedimiento penal ya zanjado.
El 15 de junio, cuando la instancia federal dejó a Hank Rohn libre por primera vez, la Procuraduría local lo retuvo, imputándole responsabilidad en la muerte de la joven Angélica María Muñoz, que a la sazón (agosto de 2009) era, o había sido su nuera, o novia de su hijo Sergio Hank Strauss. El ministerio público local pretendió arraigar al ex alcalde, pero un juez no encontró elementos para hacerlo. Hay allí otra ilegalidad que no debe ser pasada por alto. Si la procuraduría local ha encontrado elementos, por ahora insuficientes, para acusar de ese homicidio a Hank Rohn, debe perseverar en su propósito de llevarlo a juicio. No es admisible que simplemente hubiera querido montarse en la circunstancia que vivía el empresario del juego y después olvidarse de la acusación que murió en ciernes.
Cuando Hank Rohn fue detenido el cuatro de junio una inexacta noción popular de la justicia permitió suponer que al fin debería responder de las muchas culpas que se le atribuyen. En consecuencia, se generalizó un ánimo de desesperanza en Tijuana porque esa imaginaria posibilidad se frustró al quedar en libertad el imputado. Su temperamento y el poder de su dinero han hecho que su vida personal y sus negocios transcurran en el lindero de lo legal y de lo ilícito. El enorme predio en que construyó su casa y un fraccionamiento de lujo era un terreno federal cuyo uso estaba determinado en la concesión del hipódromo que su padre obtuvo para él, y cuyo destino logró alterar con gran provecho.
Más grave aún –porque los delitos patrimoniales son siempre de menor relevancia que los que privan de la vida- ha sido la no insensata creencia de que Hank Rohn ordenó la muerte de Héctor Félix, cofundador del semanario Zeta, y posteriormente de uno de sus editores, Francisco Xavier Ortiz Franco. No ha habido procurador de justicia, pertenezca al PRI o al PAN que se haya atrevido a incluirlo en una averiguación previa por esos homicidios. El jefe de su servicio de seguridad paga en prisión por la autoría material del asesinato del Gato Félix, pero el autor intelectual se libró del reproche penal que alcanzó a su subalterno. Hank Rohn es así beneficiario de la ilegalidad, en la que él incurre y aun de la que lo hizo víctima.
