Es obligado repudiar el acto criminal que arrancó la vida de 52 personas. La sangre fría con que actuaron los individuos que incendiaron el Casino Royale de Monterrey, la deliberación con que calcularon matar a personas al margen de sus querellas añade un ingrediente al hecho mismo de asesinar. Es evidente que, o no consideraron siquiera ese saldo mortal o, peor aún, lo procuraron.
Es también obligado expresar solidaridad a los deudos de las víctimas. Su dolor se agrega al de miles de personas que han perdido seres queridos en la oleada de violencia que lastima a nuestro País y que no es contenida por autoridades incapaces de reducir a prisión a los perpetradores de homicidios y otros delitos. No hay que dejar que el cansancio venza a autores y lectores en la repetición de la verdad sabida: la falta de castigo a los delincuentes, la impunidad de que gozan, les permite multiplicar sus acciones criminales. Apenas el 17 de agosto, en el propio Monterrey con el que ahora nos condolemos, en una cantina llamada el Sabino Gordo fueron asesinadas, con semejante frialdad a la percibida el jueves pasado, 17 personas. No sólo no hay detenidos, sino que ignoramos la causa del ataque. No sabemos si los bandoleros iban tras alguien en particular y no les importó el daño lateral que produjeron al disparar sin ton ni son, o fueron a consumar una represalia contra los dueños del bar. No lo sabemos porque las autoridades, locales o federales, no se dan abasto para investigar la multitud de hechos de sangre que ensombrecen a Nuevo León, o ni siquiera se empeñan en indagar penalmente los sucesos.
El gravísimo multihomicidio del jueves pasado, amén del dolor directo o compartido, suscita reflexiones desde diversos orígenes porque nos pone frente a fenómenos nuevos o renovados. La proliferación de casinos, con permiso o sin él, supervisados o no por las autoridades, se ha convertido en un gran negocio, que aprovecha la creciente ludopatía, esa adicción irresistible al juego, que afecta a cada vez más mujeres. Apenas hace quince días Reforma presentó los perfiles de esa enfermedad social que no es reconocida como tal y por lo tanto apenas merece la incipiente preocupación de segmentos de la sociedad civil, El Centro de atención de ludopatía y crecimiento integral, por ejemplo, reúne información sobre tal flagelo, que lo es cuando se cruza el umbral de la diversión a que se acude ocasionalmente hasta no resistir la compulsión, (Reforma, 14 de agosto) Su afirmación de que 65% de ludópatas son mujeres acaso tuvo confirmación en el saldo mortal del 25 de agosto: de las 52 personas que murieron asesinadas, 43 eran jugadoras, jóvenes o mayores, que solían asistir a ese lugar al que consideraban sólo como un centro de entretenimiento.
Para conocer y comprender lo ocurrido en esa infausta fecha se precisa saber quién, además de la clientela calcinada o asfixiada, fue el blanco del ataque. Es probable que se trate de una extorsión como las que padecen negocios de toda naturaleza y que los propietarios u operadores no quisieron pagar. En ese caso hubieran debido acudir a la autoridad para que detuviera a los extorsionadores. Pero si no lo hicieron porque hay un motivo oscuro para esa exacción o por desconfianza en el Gobierno, tenemos allí otro motivo de preocupación. Si no se trata de extorsionadores, quizá el ataque forma parte de la guerra entre bandas que nadie ha podido frenar en Nuevo León, especialmente su zona conurbada. Eso querría decir que la disputa por mercados y rutas del narcotráfico se extiende ahora al negocio de las apuestas.
No ha podido determinarse quién posee o trabaja el Casino Royale. El permiso original fue expedido a Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V. Pero esta empresa se deslindó de inmediato, al informar que el 19 de septiembre de 2008 “comunicó oficialmente a la dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación que en dicho domicilio no operaría negocio alguno al amparo de nuestro permiso…Desconocemos bajo los efectos de qué permiso opera el Casino Royale”.
Tampoco lo saben las autoridades, al parecer. En documentos relacionados con el Gobierno Municipal, el permisionario, o al menos el operador es la empresa Cymsa, cuyo principal accionista es el señor Raúl Madero, de quien se dice es pariente de Adalberto Madero, el anterior Alcalde de Monterrey. El ex Presidente Municipal, que llegó al Senado y a la Alcaldía al margen de los poderes que controlan al PAN en Nuevo León, cobró mala fama por la corrupción que privó en su gestión municipal. O al menos ese fue el motivo alegado para excluirlo de ese partido. Hay señales, sin embargo, de que Ramón Madero dejó de ser el permisionario y que lo es el señor Julio Ordóñez Langarica, que si es llamado a presentarse a la investigación no acudiría, pues desde el año pasado está prófugo de la justicia. Telcel consiguió que él y su hijo de igual nombre fueran aprehendidos por fraude, ya que garantizaron un crédito para comercializar productos y servicios de esa empresa telefónica con un terreno cuyo precio es muy menor que el presentado por esos presuntos delincuentes, uno de los cuales (el hijo) está preso y el otro anda huyendo.
La confusión deliberada sobre el permiso parece obedecer a que allí se practique lavado de dinero. Un dato formal, oficial, lo sugiere naturalmente. Las casas de juego están obligadas a entregar a Gobernación una participación del monto de la apuestas. Las de Entretenimientos y Emociones crecieron exponencialmente en los dos años anteriores. En 2005 fueron de casi dos millones de pesos, de tres al año siguiente, de cuatro y medio millones (en números redondos) en cada uno de 2007 y 2008. Pero brincaron en 2009 a trece millones y medio y a ¡treinta y siete millones y medio de pesos el año pasado! Es cierto que la ludopatía crece, pero tan notable incremento sugiere que la empresa mencionada tiene otra fuente de recursos. Si se tratara de lavado de dinero no sorprendería a nadie, pues siempre se supo que uno de los riesgos de autorizar el juego en México era que se convirtieran en conductos para introducir dinero sucio en el circuito legal de la economía. ¡Y nada menos que a través de Gobernación!
El permiso original de Entretenimientos y Emociones, cuyo accionista principal en ese momento y durante muchos fue Rodrigo Aguirre Vizzuet, fue expedido el 1º de junio de 1992, sólo unos meses después de constituida la empresa, en marzo de ese mismo año. Las fechas coinciden con una conjetura que se esparció entonces en torno a Ramón Aguirre Velázquez, padre del accionista mayor de la permisionaria. De acuerdo con las autoridades electorales, el ex regente de la Ciudad de México habría derrotado en la pugna por el Gobierno de Guanajuato, a Vicente Fox y a Porfirio Muñoz Ledo, cuyos partidarios, especialmente los del primero, y él mismo, protestaron con enjundia por la imposición de Aguirre.
Éste sin embargo, declinó tomar posesión, a solicitud privada de su amigo el presidente Carlos Salinas. Ambos formaron parte de la “familia feliz” reunida en torno de Miguel de la Madrid. En evocación de esa circunstancia, Salinas pidió al presunto Gobernador retirarse de la escena, para ayudar a que el Presidente saldara compromisos con el PAN y con Estados Unidos, según expresión literal del ex Regente. En compensación, le fue ofrecida una embajada o la dirección de Banobras, que Aguirre rechazó. Habría aceptado, en cambio, autorizaciones gubernamentales para diversos negocios que serían operados por sus hijos. Entre ellos, permiso para abrir un hipódromo y galgódromo y 46 centros de apuestas.
El presidente Calderón decretó tres días de duelo por el asesinato de 52 personas, y acudió a dar el pésame- sólo de modo simbólico, no personalmente- a los deudos. Antes dijo un discurso que no venía al caso, porque no se sabe si el crimen colectivo tiene que ver con el narcotráfico. Lanzó una severa requisitoria contra el pueblo y el Gobierno de Estados Unidos, cuyos consumos y omisiones en torno a la negocio de las drogas generan lances mortales como el que causaba su indignación. Y halló extrañamente propicia la ocasión de dar marco jurídico apropiado a militares y marinos, ausentes en el episodio, mediante la aprobación de la reforma a la ley de seguridad nacional.
