En reunión de gabinete celebrada el martes 19 de octubre pasado, el Gobierno del Estado de México se transformó en maquinaria electoral. Cada colaborador de primer nivel del gobernador Enrique Peña Nieto fue designado responsable del activismo electoral en los 45 distritos electorales de la entidad. Hasta ese día, para efectos de la tarea gubernamental propiamente dicho, la entidad se hallaba dividida en 16 regiones, cada una de las cuales había sido confiada a un secretario de cada ramo administrativo.
Por ejemplo, en esta inicial división del trabajo, al secretario de Trabajo, Fernando Maldonado se le había asignado la quinta región, con sede en Cuautitlán Izcalli.
Pero a partir de octubre, con vistas al proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo, se trasladó a ese funcionario a, extremo opuesto del estado. Se le adscribió a tres distritos, los número 27, con cabecera en Chalco y 28 con cabecera en Amecameca, amén del distrito 16, con cabecera en Atizapán de Zaragoza.
Maldonado, por su parte, se hizo apoyar por sus colaboradores, los subsecretarios y los responsables de órganos pertenecientes al sector laboral, como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (que se ocupa de los conflictos de trabajo del personal público) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dedicada a la justicia laboral general.
Al presidente de este último organismo, José Bernardo García Cisneros le corresponde controlar, entre otros municipios, el muy poblado Valle de Chalco (que próximamente mudará su nombre por el de Valle de Xico). Ha de haber tomado con mucho interés esta comisión, pues tiene experiencia en materia electoral, a diferencia de lo que le ocurre en su encomienda permanente, pues no sabe mucho de derecho del trabajo.
Fue secretario técnico de la Comisión estatal electoral, y cuando ésta se transformó en Instituto electoral del estado de México, le tocó ser secretario administrativo y después consejero electoral.
No completó el periodo para el que había sido electo, porque entre bromas y veras, el presidente de ese instituto, José Juan Gómez Urbina lo acusó (junto con otro consejero) de haber solicitado o recibido soborno de la empresa Cartonera plástica a fin de influir para que le asignara el pedido de urnas y mamparas para la elección de 2005, en que Peña Nieto alcanzó la gubernatura.
Fue obligado a renunciar a causa de esa denuncia. García Cisneros presidía la comisión de adquisiciones y licitación y la que se adjudicó a la empresa sobornada se basó en cotizaciones exageradas, en comparación con las que fueron por otros institutos electorales.
Fue virtualmente destituido, pues. Pero no se fue con las manos vacías. Le correspondió una indemnización de tres millones trescientos mil pesos. Su desempleo fue breve, pues Peña Nieto lo designó procurador de la defensa del trabajo y más tarde presidente del órgano de justicia laboral, en que ahora se encuentra.
Muy ufano acudió hace poco a una reunión de organización y activismo electoral, acompañado por el alcalde Luis Enrique Martínez Ventura. Pero para su mala fortuna, su presencia en esa reunión, en que sin lugar a dudas, de modo explícito dijo que ejercía la “responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlos aquí políticamente”. Fue captada por una cámara de video.
El documento respectivo fue hecho llegar a los partidos opositores que trabajan en un proceso de alianza, que lo presentaron anteayer ante los medios. Arengó a los activistas presentes, funcionarios municipales, diciendo que el PRI debe ganar la próxima elección estatal, “pero queremos también el 2012, pero para llegar allá debemos dar el ejemplo, la pauta, el triunfo que nos sirva de plataforma de lanzamiento para que Enrique Peña Nieto pueda aspirar a la candidatura presidencial”.
García Cisneros describió los pasos a dar con vistas a la elección de julio próximo: “Los buscarán a ustedes el día, de hoy, el día de mañana, para que nos acompañen a recorrer todo el territorio, cada sección, para que la conozcan, para que conozcan a la gente, para que ustedes sean el enlace con ellos”.
Anunció también que irían entregando los “los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar, aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas alimentarias, las despensas del Centenario.
Todo ello habremos de irlo entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y por las gentes de la secretaría del Trabajo que son los representantes, precisamente, del gobierno del estado en este lugar”
Estableció que el reto no es ganar la elección, “esta ganado el municipio”, afirmó después de dar cifras sobre la elección más reciente. “Nuestro reto –anunció– será duplicar esta votación”.
Es bien conocida la práctica priísta de aprovechar recursos públicos para ganar elecciones. Pero pocas veces la oposición cuenta con una prueba documental tan elocuente como este video donde García Cisneros, en vez de emitir laudos en su función formal, ocupa su tiempo de trabajo en organizar la votación a favor del PRI, enumerando los programas sociales que deben ser usados como instrumentos de proselitismo. Los laxos tribunales electorales, que aducen con frecuencia falta de elementos probatorios no podrá eludir la fuerza, de este documento, que por lo pronto es indicio de delitos.
Por ejemplo, en esta inicial división del trabajo, al secretario de Trabajo, Fernando Maldonado se le había asignado la quinta región, con sede en Cuautitlán Izcalli.
Pero a partir de octubre, con vistas al proceso electoral para renovar el Poder Ejecutivo, se trasladó a ese funcionario a, extremo opuesto del estado. Se le adscribió a tres distritos, los número 27, con cabecera en Chalco y 28 con cabecera en Amecameca, amén del distrito 16, con cabecera en Atizapán de Zaragoza.
Maldonado, por su parte, se hizo apoyar por sus colaboradores, los subsecretarios y los responsables de órganos pertenecientes al sector laboral, como el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (que se ocupa de los conflictos de trabajo del personal público) y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, dedicada a la justicia laboral general.
Al presidente de este último organismo, José Bernardo García Cisneros le corresponde controlar, entre otros municipios, el muy poblado Valle de Chalco (que próximamente mudará su nombre por el de Valle de Xico). Ha de haber tomado con mucho interés esta comisión, pues tiene experiencia en materia electoral, a diferencia de lo que le ocurre en su encomienda permanente, pues no sabe mucho de derecho del trabajo.
Fue secretario técnico de la Comisión estatal electoral, y cuando ésta se transformó en Instituto electoral del estado de México, le tocó ser secretario administrativo y después consejero electoral.
No completó el periodo para el que había sido electo, porque entre bromas y veras, el presidente de ese instituto, José Juan Gómez Urbina lo acusó (junto con otro consejero) de haber solicitado o recibido soborno de la empresa Cartonera plástica a fin de influir para que le asignara el pedido de urnas y mamparas para la elección de 2005, en que Peña Nieto alcanzó la gubernatura.
Fue obligado a renunciar a causa de esa denuncia. García Cisneros presidía la comisión de adquisiciones y licitación y la que se adjudicó a la empresa sobornada se basó en cotizaciones exageradas, en comparación con las que fueron por otros institutos electorales.
Fue virtualmente destituido, pues. Pero no se fue con las manos vacías. Le correspondió una indemnización de tres millones trescientos mil pesos. Su desempleo fue breve, pues Peña Nieto lo designó procurador de la defensa del trabajo y más tarde presidente del órgano de justicia laboral, en que ahora se encuentra.
Muy ufano acudió hace poco a una reunión de organización y activismo electoral, acompañado por el alcalde Luis Enrique Martínez Ventura. Pero para su mala fortuna, su presencia en esa reunión, en que sin lugar a dudas, de modo explícito dijo que ejercía la “responsabilidad que nos entrega el señor gobernador para representarlos aquí políticamente”. Fue captada por una cámara de video.
El documento respectivo fue hecho llegar a los partidos opositores que trabajan en un proceso de alianza, que lo presentaron anteayer ante los medios. Arengó a los activistas presentes, funcionarios municipales, diciendo que el PRI debe ganar la próxima elección estatal, “pero queremos también el 2012, pero para llegar allá debemos dar el ejemplo, la pauta, el triunfo que nos sirva de plataforma de lanzamiento para que Enrique Peña Nieto pueda aspirar a la candidatura presidencial”.
García Cisneros describió los pasos a dar con vistas a la elección de julio próximo: “Los buscarán a ustedes el día, de hoy, el día de mañana, para que nos acompañen a recorrer todo el territorio, cada sección, para que la conozcan, para que conozcan a la gente, para que ustedes sean el enlace con ellos”.
Anunció también que irían entregando los “los apoyos que el gobernador del estado da a los vecinos de este lugar, aquellas despensas, aquellas credenciales, aquellas tarjetas de apoyo a las mujeres trabajadoras, a las mujeres embarazadas, a las gentes de la tercera edad, las despensas alimentarias, las despensas del Centenario.
Todo ello habremos de irlo entregando casa por casa, zona por zona, seccional por seccional, en forma personal y directa por cada uno de ustedes y por las gentes de la secretaría del Trabajo que son los representantes, precisamente, del gobierno del estado en este lugar”
Estableció que el reto no es ganar la elección, “esta ganado el municipio”, afirmó después de dar cifras sobre la elección más reciente. “Nuestro reto –anunció– será duplicar esta votación”.
Es bien conocida la práctica priísta de aprovechar recursos públicos para ganar elecciones. Pero pocas veces la oposición cuenta con una prueba documental tan elocuente como este video donde García Cisneros, en vez de emitir laudos en su función formal, ocupa su tiempo de trabajo en organizar la votación a favor del PRI, enumerando los programas sociales que deben ser usados como instrumentos de proselitismo. Los laxos tribunales electorales, que aducen con frecuencia falta de elementos probatorios no podrá eludir la fuerza, de este documento, que por lo pronto es indicio de delitos.
