Aun con la oposición de miembros de su fracción en la Cámara de Diputados, y en alianza con el grupo parlamentario panista, el PRI busca sacar adelante, cuanto antes, una reforma laboral elaborada por abogados patronales que obligaron a mudar el parecer de los legisladores del tricolor. Al proceder de esa manera, y a pesar de que se le llena la boca hablando de modernización, el partido que emitió y reformó una Ley Federal del Trabajo que no dejaba a la simple fuerza del mercado las relaciones laborales, fomentará el capitalismo salvaje en esa materia.
En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priísta que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priísta elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.
A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priísta, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Rojas pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.
Presentado el proyecto el diez de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priísta. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, escisión de la federación burocrática priísta, la FSTSE, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo.
Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al palacio legislativo para apoyar la posición de su dirigente.
Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.
Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como “los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren…aproximadamente tres meses” y no se cargue “a los trabajadores una tardanza imputable al Estado”. Con ello “se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo”.
En el sexenio pasado Acción Nacional presentó un proyecto de legislación laboral que no fue apoyado por el PRI no porque sus principios lo impidieran, sino por mera conveniencia coyuntural y debido a las divisiones internas del partido. También se abstuvo de compartir la nueva versión reformadora patrocinada por el secretario Javier Lozano, cuya concepción del mundo del trabajo dista de la posición sostenida por el fallecido Carlos Abascal, algo matizada por su convicción humanista, ausente en la actuación del ex priísta que abriga la ilusión de ser candidato del PAN a la Presidencia de la República.
En diciembre pasado, por efecto de alguna negociación cuyos términos no han quedado claros todavía, la fracción priísta elaboró su propia propuesta de reforma. Y antes que someterla al conocimiento y estudio de los trabajadores (como corresponde al espíritu de la legislación laboral vigente ocho décadas), la hizo revisar por los abogados de las cámaras patronales y el Consejo Coordinador Empresarial. De esa consulta resultó un adefesio contrario a las mínimas garantías de los asalariados, que con el pretexto de crear empleos flexibiliza al extremo las relaciones laborales, haciendo legales prácticas contrarias a la ley, que ya han precarizado los empleos.
A diferencia del proyecto presentado en diciembre por el mismo grupo priísta, el que ahora está a punto de convertirse en norma está suscrito por el coordinador de la fracción tricolor Francisco Rojas, para que se aprecie su fuerza y la voluntad de hacerlo salir adelante. El responsable de procesarlo en San Lázaro es un típico representante del corporativismo sindical, Tereso Medina, que preside la Comisión de Trabajo en la Cámara. En una metamorfosis no extraña al funcionamiento de ese género de sindicalismo, Rojas pasó en los años noventa de ser inspector del trabajo y procurador de la defensa de los trabajadores (una función administrativa, dependiente del gobierno de Coahuila) a dirigente de la federación local cetemista, al mismo tiempo que lo es de un sindicato nacional de industria, la metalmecánica.
Presentado el proyecto el diez de marzo, se intentó dictaminarlo en comisiones a la semana siguiente. Tan apresurada fue esa pretensión que se atropelló la regulación del procedimiento parlamentario (como lo denunció Porfirio Muñoz Ledo) y tuvo que aplazarse la cita a la comisión dictaminadora. Eso ha permitido que se expresen opiniones que van de la preocupación a la indignación, aun dentro de la fracción priísta. Habrá que encontrar el significado de la posición que a ese respecto adoptó el dirigente de los trabajadores del Metro, Fernando Espino Arévalo, pero por lo pronto hay que registrarla. Voluble militante del PRI, que ha sido legislador local y federal adherido a los grupos del Panal y del partido Verde y hoy ha sido recibido de nuevo en el seno del tricolor, Espino Arévalo es uno de los dirigentes de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, escisión de la federación burocrática priísta, la FSTSE, organizada en 2004 por la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo.
Si la impugnación expresada por el dirigente gordillista refleja la de su líder, es de esperar que se plantee un diferendo protagonizado por la cúpula que rodea a Rojas, y en este caso al diputado Medina, por una parte; y por la otra los adeptos de la dirigente magisterial, que los hay en todas las fracciones. Aun si no es así, diputados pertenecientes al mundo laboral, como Francisco Hernández Juárez se manifiestan contrarios a la reforma. La Unión Nacional de Trabajadores, cuyo líder principal lo es Hernández Juárez, realiza el día de hoy marchas al palacio legislativo para apoyar la posición de su dirigente.
Un grupo de entidades civiles, organizaciones de derechos humanos, se ha dirigido a los coordinadores parlamentarios para demandar la cancelación del proyecto de reforma laboral. Lo hacen, por primera vez en la historia, con una perspectiva humanista, en que los derechos de los trabajadores son considerados como derechos humanos. Demandan congruencia entre lo que se legisle y los principios que la Organización Internacional del Trabajo ha convertido en convenios. En especial desearían ver en una reforma laboral, distante de la que se busca aprobar a las carreras, nociones como la del Trabajo Decente, que es fuente de dignidad personal y de paz en la comunidad.
Arturo Alcalde, uno de los propugnadores más tenaces del respeto a los trabajadores encuentra entre los defectos sobresalientes de la reforma en curso la forma en que regula el subcontratismo (outsourcing) así como “los salarios mínimos caídos limitados a un año, en lugar de modificar el sistema de justicia para que los juicios duren…aproximadamente tres meses” y no se cargue “a los trabajadores una tardanza imputable al Estado”. Con ello “se abarata el despido injustificado y se lesiona la integralidad de las instituciones del derecho del trabajo”.
