El embajador Carlos Pascual vive una situación dual, que no parece afectar su trabajo. Ha sido repudiado públicamente por el presidente Calderón, que le aplica la “ley del hielo” y demandó su remoción. Pero cuenta con el aval de la canciller Patricia Espinosa, obligada a atemperar la impertinencia presidencial. En medio de esa contradicción, el diplomático se desplaza con toda naturalidad en sus quehaceres, a pesar de que la malquerencia de Calderón se ha diseminado a las cámaras del Congreso.
Oficialmente no es verdad que el Presidente mexicano planteara al norteamericano el retiro de Pascual. Pero la versión es creíble a la luz de las afirmaciones públicas, nada desembozadas, de Calderón, irritado por los juicios que acerca de él mismo, el Ejército y la política de Seguridad pública expresó el diplomático, y que fueron reveladas por WikiLeaks. Al hacer saber su opinión sobre Pascual, Calderón quedó en situación desairada y colocó al embajador en posición incómoda de la que éste ha buscado salir.
En Bruselas, el miércoles pasado, la secretaria Espinosa Castellano declaró a Inder Bugarini, corresponsal europeo de Reforma que “la embajada, incluyendo al embajador Pascual, mantiene una relación fluida, funcional y permanente con todas las instancias” . No de modo tan explícito repitió ese juicio al día siguiente, cuando compareció ante el pleno del Senado de la República. La síntesis de esa situación es como sigue: sólo el presidente está enojado con el embajador, no el resto del Gobierno federal.
Para no incomodar a Calderón, o quizá a pedido suyo, la Cámara americana de Comercio los invitó a participar en su reunión anual pero por separado. Calderón acudió a la inauguración y Pascual a la clausura. Se adujo un motivo formal para explicar la ausencia del embajador en el primer día. Tuvo que viajar a Ciudad Juárez, al cumplirse un año del asesinato de tres personas vinculadas con el consulado norteamericano en esa frontera. Los presuntos homicidas habían sido identificados y aprehendidos en días recientes, con puntualidad pertinente para la recordación. Cayeron en operaciones armonizadas, de uno y otro lado de la línea fronteriza, por autoridades de los dos países.
Pascual aprovechó su estancia en aquella ciudad para mostrar que, aun si se le hubiera cancelado todo acceso al Gobierno federal, la distribución del poder, diversidad de autoridades, le permite tener contacto con funcionarios diferentes de los que normalmente mantienen relación con un diplomático. Visitó al alcalde Héctor Murguía ante el cual refrendó su compromiso de apoyar a “los juarenses para que puedan tener un estado de derecho que sea real”.
Al parecer, la influencia de Pascual ante el municipio juarense no se limita a expresiones que pueden ser tildadas de impertinentes (porque una lectura posible de sus frases es que implican una crítica a la acción federal que no ha conseguido la vigencia real del estado de derecho). No había sido ajeno a la designación de Julián Leyzaola, el militar que asumió la dirección de la policía en Ciudad Juárez, precedido de una reputación de gran dureza, ganada en su similar gestión en Tijuana, que lo mismo se orientó a luchar exitosamente contra las repercusiones locales del crimen organizado que contra personas inocentes.
El embajador había visitado antes a Ciudad Juárez. En aquel entonces, mediados del año pasado, no había caído de la gracia presidencial. Se desplazaba –hemos insistido aquí en esa actitud—como una suerte de supervisor de las acciones federales para combatir el crimen organizado. Quizá esa circunstancia había surgido porque en febrero del año pasado el presidente Calderón pidió a la secretaria de Seguridad interna de los Estados Unidos, Janet Napolitano, ayuda de los servicios de Inteligencia de El Paso para combatir al crimen organizado. Esos eran días de especial sensibilidad presidencial respecto de Ciudad Juárez, tras el asesinato de un grupo de jóvenes en Villas de Salvárcar que Calderón se había apresurado a dictaminar como resultado de querellas entre delincuentes.
Ya desde un año atrás la diplomacia norteamericana se ocupaba de seguir los acontecimientos en ciudad Juárez. De nuevo a través de WikiLeaks se ha sabido que en enero de 2009 el cónsul norteamericano en aquella ciudad, Raymond McGrath apreciaba que la lucha entre las bandas de Sinaloa y de Juárez por el control del mercado y las rutas juarenses era cómoda para el Ejército. El representante norteamericano fue más allá, al insinuar que “a las fuerza armadas les gustaría ver triunfar” al Cártel del Pacífico, o de Sinaloa, organización encabezada por Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
En otra muestra de su activismo al margen de los canales diplomáticos, el embajador Pascual envió una carta al gobernador panista en Baja California, J. Guadalupe Osuna, en donde reconoce su apoyo a la empresa gasera Sempra, que está en el centro de una polémica y aun de un conflicto entre autoridades. El Ayuntamiento –con mayoría priísta- de Ensenada, en cuya jurisdicción se levantó la empresa, pretendió clausurar sus operaciones por razones de seguridad basándose en la violación a ordenamientos municipales. Los gobiernos federal y del Estado reaccionaron en sentido contrario, y eso motivó la comunicación de Pascual al Ejecutivo.
Por todo lo anterior era comprensible que la figura y la posición de Pascual fueron mencionadas en la comparecencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante el pleno del Senado el jueves pasado. Toda la oposición cuestionó en general la política exterior de la actual Administración. Lo hizo en especial la senadora priísta Rosario Green, compañera de la ahora canciller en un tramo de las carreras de ambas, y su jefe en los años finales del Gobierno priísta. Mientras la secretaria Green se desempeñaba a la cabeza de la diplomacia mexicana entre 1998 y 2000, Patricia Espinosa era directora de organismo y mecanismos regionales para América Latina. Tuvo entonces como principal responsabilidad preparar la primera reunión de jefes de Estado y de Gobierno de esta región y la Unión Europea.
A partir de ese conocimiento previo, hubiera sido en extremo importante el diálogo entre las dos diplomáticas. El formato de la comparecencia lo impidió, y permitió a la actual canciller eludir buena parte de las preguntas de su predecesora, pues en treinta minutos (que naturalmente se prolongaron con la aquiescencia de la mesa directiva) tuvo que responder a los cuestionamientos de seis senadores, representantes de las fracciones parlamentarias que tienen presencia senatorial. Rosario Green planteó, en general la “pérdida de espacios y el deterioro de nuestras relaciones con países con los que antes sosteníamos vínculos entrañables”, y ella misma respondió que la única explicación posible es la falta de voluntad política y el desdén del titular del Ejecutivo frente a los asuntos internacionales”.
Naturalmente, la secretaria Espinosa negó tal pérdida de la diplomacia mexicana. Adujo en su favor el éxito de la Cumbre sobre el Cambio Climático, realizada en diciembre pasado, a la que también acudió en su peregrina explicación de la ausencia de Calderón y ella misma en la toma de posesión de la presidenta de Brasil, Dilma Russeff. Ese y otros temas recibieron atención lateral en la comparecencia, donde el cogollo estaba en la relación con los Estados Unidos. La oposición criticó la tibia reacción mexicana sobre la introducción ilegal de armas a México por una agencia norteamericana (la operación Rápido y furioso) y sobre los vuelos de aviones no tripulados que registran desde muy alto lo que ocurre a ras del suelo mexicano. La canciller, como había explicado la víspera el vocero de Seguridad Pública Alejandro Poiré, dijo que el Gobierno mexicano no sólo sabía de tales vuelos, sino que sólo se producían a petición suya. Ponderó la utilidad de ese mecanismo de inteligencia en la lucha contra la delincuencia organizada y por lo tanto rechazó que se tratara de una violación a la Soberanía Nacional.
“La coyuntura actual -dijo—debemos verla en el marco de una relación amplia y sólida con Estados Unidos… No podemos negar que existen (situaciones) irritantes, que existen ahora como han existido en el pasado o que existen situaciones difíciles”. Nada dijo sobe Pascual, a pesar de insistentes preguntas. Pero ya lo había revalidado en Bruselas.
