Horas después de la espectacular firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, dos acontecimientos ponen a prueba la firmeza y congruencia de ese instrumento, y el interés y la capacidad de sus suscriptores para mejorar la práctica periodística. Por un lado, el conductor de un programa de entretenimiento de Televisa Monterrey fue asesinado y su cadáver hallado dos veces, una de ellas reportada por el medio a que pertenecía la víctima. Por otra parte, uno de los diarios signatarios del Acuerdo mencionado, que está en la mira del gobernador Zeferino Torreblanca, que dispara a menudo contra él balazos verbales, fue objeto de una grave amenaza, que obligó al cierre de su redacción en Acapulco.
Bajo la égida de Televisa, que lanzó el año pasado la Iniciativa México, la segunda edición de ese magno montaje de propaganda y relaciones públicas se concentrará ahora en establecer pautas de conducta periodística, que parezcan autorregulación ética. Se refiere a la violencia que se abate sobre México y su abordamiento por los medios. Su punto de partida es un diagnóstico que contradice la visión gubernamental sobre la estrategia contra la delincuencia organizada. Si bien hemos sabido por boca del presidente Obama que el presidente Felipe Calderón padece frustración ante el fortalecimiento de las bandas delincuenciales, las más de las veces la retórica oficial se ufana del éxito de ese combate. A pesar de que el propio Calderón saludó entusiasmado la firma del Acuerdo, es probable que no haya reparado en afirmaciones como las siguientes, cuyo alcance expresamente rechazaría: “El poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática” y “la delincuencia y el terror que ha logrado propagar amenaza ya en algunos lugares del País las libertades fundamentales del País”. Admitir que así significa que el Gobierno ha perdido capacidad de hacer regir la ley regionalmente, y Calderón ha alegado reiteradamente que no hay un solo punto en el País donde no prive el Estado de derecho.
A partir de supuestos de esa índole, el Acuerdo consta de diez criterios editoriales para informar sobre la violencia, generada por las bandas criminales, no por el activismo militar en su contra, iniciado por el Presidente tan pronto comenzó su sexenio. No nos detengamos ahora en la polémica que necesariamente causa la génesis de los combates armados que todos los días tienen lugar en nuestro País. Hagámoslo en algunos de los criterios propuestos para informar sobre la tal violencia (no para contenerla, como algunos exagerados y entusiastas firmantes del documento dijeron en sus ediciones y emisiones, pues frenar la violencia no es función de los medios sino sólo del Estado, que dispone del monopolio de la fuerza legítima para ese efecto).
El criterio número dos del Acuerdo ordena a sus signatarios “no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”. No veo conforme a qué lógica alguien puede comprometerse a no realizar acciones no surgidas de su voluntad, que por ello mismo están fuera de su control. Quizá el noticiario matutino de Televisa Monterrey el jueves pasado se convirtió en “vocero involuntario” del crimen organizado cuando sus cámaras mostraron un mensaje de bandoleros dejado junto al cadáver de José Luis Cerda, protagonista para su mal de una macabra historia una de cuyas porciones fue difundida al aire.
José Luis Cerda, conocido como ‘La Gata’ (más un apodo que un nombre artístico) era uno de los participantes de El club, “un programa de concursos, chistes picantes y baile”, según lo describe La Jornada. De lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche Televisa Monterrey produce esa emisión típica de su franja de entretenimiento. Cerda, un ex adicto rehabilitado o en proceso de hacerlo, fue “levantado” la noche del jueves, al salir de la televisora. Lo acompañaban su primo y un fotógrafo llegado de Monclava para hacerle una entrevista.
Los tres fueron asesinados. Y sus cadáveres localizados a la mañana siguiente. El noticiero dio cuenta del hallazgo, en vivo, por lo que incluyó un mensaje mural junto al sitio donde yacía Cerda, información sin la cual la cobertura hubiera sido insuficiente pues habría sido imposible entender el suceso como parte de las batallas entre ‘Los Zetas’ y el cártel del Golfo: “ya no sigan cooperando con ‘Los Zetas’. Atte. CDG, saludos arquitecto, el número)”. La transmisión fue interrumpida por la amable petición de un agente policiaco, que alegó la eventual llegada de un comando armado. No era una corazonada, sino un aviso: el policía estaba al tanto de lo que pasaría enseguida. Efectivamente, un grupo de matones se apoderó del cuerpo de Cerda, ante la mirada impasible de agentes municipales y ministeriales que daban cuenta del hallazgo. Poro después la emisión se reanudó, para informar sobre el robo del cadáver. Finalmente éste fue encontrado una vez más horas después.
Aunque no se trate de un miembro de la redacción de Televisa Monterrey, sino de su sección de entretenimiento, tan cercana a aquella, no parece que ante su desaparición funcionara un protocolo de seguridad como el que el Acuerdo dispone para proteger a periodistas y reporteros. Cerda era un hombre que daba la cara, que salía en pantalla en un programa cuya descripción recuerda el de Paco Stanley, asesinado en la Ciudad de México, y a cuyo crimen se dio el carácter de ataque a un hombre público, un hombre de los medios.
Por mi parte, lamento ese triple asesinato y expreso mi condolencia a los deudos de esas víctimas y a la empresa para la que trabajaba Cerda. Supongo que un mínimo acto de solidaridad se hará expreso en los medios que firmaron el acuerdo apenas en la víspera del intolerable crimen. Yo lo hago no obstante no pertenecer al acuerdo por un implícito acuerdo de voluntades: no fui invitado a suscribirlo y no lo firmaría, no a causa de sus preceptos, casi todos ellos compartibles, sino por sus motivaciones y consecuencias. Se trata de un proyecto excluyente, diseñado para marginar a la prensa sospechosa de, conforme al primer criterio editorial, no “tomar postura en contra”, de no “condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada”, como si fuera necesario hacerlo explícito, como si no se diera por sentado en el ejercicio de una profesión de carácter público e influencia social.
Espero que la solidaridad preconizada en el noveno criterio editorial se exprese prontamente ante los sucesos que afectan a El sur, un diario firmante del acuerdo. Ese periódico guerrerense, con oficinas en Chilpancingo y Acapulco, ha sido objeto de diversos ataques de variada especie, incluyendo una andanada de balazos contra sus instalaciones en el puerto y una aprehensión (disfrazada de mera presentación) que privó de libertad por unas horas, ilegalmente, a su director Juan Angulo.
Al mediodía del viernes pasado una voz femenina dejó a la telefonista del diario en Acapulco la amenaza de un atentado que se consumaría a las catorce horas. No se produjo ningún ataque, pero es probable que el amago fuera mucho más que una broma. En el contexto de los días recientes puede ser un anuncio realmente ominoso. El gobernador Zeferino Torreblanca, que el próximo jueves concluirá su Administración, está dedicando casi todos sus discursos de despedida a difamar a aquel periódico. Entre insultos propios del autoritarismo, ha montado un relato, a partir de un hecho falso, que de paso le sirva para ocultar uno de sus más notorios casos de corrupción. Asegura, contra toda verdad, que El sur pretendió cobrar 800 mil pesos cada mes al Gobierno, a través de un convenio de publicidad. Con sus habilidades profesionales de contador, Torreblanca calcula que en los seis años de su Gobierno habría tenido que erogar sesenta millones de pesos, que se ahorró al rechazar las pretensiones de un periódico. Concluye que con ese monto podría haber comprado dos helicópteros. Y anuncia, con pretendido humor, que al efectivamente adquirido por su Gobierno lo denominará El Sur.
Dicha nave, que no ha servido al propósito sanitario para el que fue adquirida, y que hubiera permitido salvar innumerables vidas a través de la Secretaría de Salud, quedó al servicio del Gobernador y de sus amigos, uno de los cuales lo usó para romper un récord de esquí acuático.
