Nadie puede asegurar que la reforma laboral pripanista ha muerto. Lo que sí puede decirse es que se halla en terapia intensiva y se prohíben visitas.
Varios factores se conjugaron para impedir que las enmiendas a la Ley Federal del Trabajo iniciadas por la fracción priísta en la Cámara de Diputados, con su mismísimo coordinador Francisco Rojas a la cabeza, se procesaran con velocidad parlamentaria inusual y fueran aprobadas en este mismo periodo. Se intentó hacerlo pero el apresuramiento con que se pretendió dictaminar el proyecto contó entre las causas que forzaron a frenarlo. Aunque para mitigar el amargo sabor de la frustración se promete ahora aprobar la reforma en un periodo extraordinario (imposible en torno de los procesos electorales estatales del tres de julio o en septiembre próximo, cuando comience el penúltimo periodo de sesiones de la actual Legislatura.
Considerada un tesoro del nacionalismo revolucionario, la Ley Federal del Trabajo fue objeto de muchas reformas a lo largo de sus ochenta años de vigencia. Pero el PRI se cuidó de mantener el espíritu tutelar de los trabajadores que campeó en el debate sobre el artículo 123 en el Constituyente de Querétaro. Es que, junto con ese espíritu, la ley laboral contiene ingredientes de control administrativo sobre los sindicatos que favorecieron el corporativismo gremial que fue uno de los pilares del sistema autoritario.
Una vez que se produjo la alternancia, el Gobierno derechista de Acción Nacional sintió que había llegado el momento de hacer valer sus convicciones sobre el mundo laboral. El presidente Fox ya había sido explícito en esa dirección cuando designó secretario del Trabajo a un antiguo dirigente patronal, Carlos Abascal (impulsor desde la Coparmex de una “nueva cultura laboral”), quien preparó un proyecto de reformas que impugnado por el PRD no logró el franco asentimiento del PRI. De modo que la “Ley Abascal” murió años antes que su propio autor.
El secretario Javier Lozano se propuso el mismo objetivo que su antecesor. Pero no logró tampoco persuadir a los priístas de acompañarlo en ese lance. De modo que transcurrieron cuatro años completos en simples escarceos sobre la materia. En diciembre pasado, sorprendentemente el grupo parlamentario priísta decidió tomar el asunto en sus manos y elaboró un anteproyecto que, muy parecido al del PAN, pretendía ostentar su sello propio. Lo dio a conocer a agrupaciones patronales, cuyos abogados realizaron muchas observaciones en pos de la flexibilización de los contratos laborales, sobre la base del lema liberal de que lo importante es la creación de empleos aunque no se asegure la calidad de los mismos.
El proyecto resultante, apadrinado directamente por Rojas, fue presentado a la Cámara el 10 de marzo. Iba a ser dictaminado de inmediato, sobre todo cuando Lozano, olvidado por un momento de que ya no es priísta, lo saludó con beneplácito y le otorgó su bendición. Tereso Medina, presidente de la Comisión del Trabajo, que elaboraría el dictamen, pretendió saltarse las trancas, pero fue advertido por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, secretario del Trabajo, en el ya remoto tiempo en que fue miembro del PRI, de las violaciones parlamentarias en que el coahuilense Medina incurría, y tuvo que retomarse el ritmo pausado que establece el régimen interno de la Cámara.
Eso permitió que se expresaran objeciones a la iniciativa Rojas. La principal fue la de Andrés Manuel López Obrador, que acudió a la Cámara y fue recibido por el presidente de su mesa directiva. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandó abrir audiencias para escuchar pareceres diferentes sobre el proyecto. Lo mismo hicieron, al cabo de manifestaciones de protesta, los sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, cuyo dirigente principal, Francisco Hernández Juárez, impidió que se dictaminara la iniciativa.
El diputado Medina se vio obligado a decir que las audiencias se realizarán en mayo, por lo que antes no habrá dictamen ni discusión en el pleno. No sirvió para alterar esa decisión la extraña y desesperada maniobra panista anunciada por su coordinadora Josefina Vázquez Mota, de hacer suya la iniciativa Rojas y con el voto blanquiazul asegurar su aprobación.
Su posición fue recibida con grosera indiferencia en la bancada priísta, cuya conducta en este punto se rige por la coyuntura de la sucesión presidencial. Rojas había desestimado la iniciativa de reforma hacendaria enviada desde el Senado para su procesamiento en San Lázaro, obligada cámara de origen cuando se trata de materias fiscales. Además de hacer saber que el proyecto que ostentaba el sello de Manlio Beltrones no tendría destino entre los diputados priístas, Rojas lanzó su iniciativa labora, que apareció así en la mesa como una pieza de cambio. El chalaneo entre los dos grupos priístas en el Congreso anuló los dos proyectos, independientemente de sus méritos o deméritos. Ninguno de los dos dirigentes parlamentarios ganará el lauro de una victoria parlamentaria propia.
Rojas gestiona los intereses de Enrique Peña Nieto en la Cámara, por lo que no podía permitir que Beltrones ganara presencia con su concepción de un nuevo régimen fiscal. Para anular su tentativa de brillar en el ámbito hacendario, no vaciló en sacrificar la reforma laboral, dejando en la estacada a Lozano y a la bancada panista.
Nadie puede en este momento recitar un réquiem por ese intento de modificar la Ley del Trabajo. Pero tal vez caiga en la congeladora.
