A 72 horas de que concluya el periodo de sesiones ordinarias del Congreso parecen a punto de naufragar proyectos ya acordados entre las grandes fracciones parlamentarias, capaces de lograr las mayorías, calificada o simple según el caso, que se requieren para aprobar enmiendas constitucionales o a leyes secundarias.
La causa de que la temporada legislativa llegue a un final anticlimático es la rivalidad que se acendra entre las bancadas priístas, la del Senado encabezada por Manlio Fabio Beltrones y la dirigida en la Cámara por Francisco Rojas, que representa los intereses de Enrique Peña Nieto.
La sola mención del sonorense y del Gobernador del Estado de México sitúa el conflicto en sus términos. Se trata de los más notorios aspirantes a la postulación presidencial de su partido. Y aunque falta más de medio año para que se dirima la candidatura respectiva –y en medio de ese tramo se ubica la elección estatal mexiquense, que influirá en las posiciones de los precandidatos- desde hace tiempo, y con más acusado acento cada día que pasa, no hay movimiento de cada uno de ellos que no sea recíprocamente vigilado y, de ser posible impedido o estorbado.
Ayer fue aprobado en la Cámara de senadores el conjunto de modificaciones a la Constitución que por inercia se llama reforma política aunque diste de serlo, al menos en el amplio sentido que cobró la de 1977 y, con menos trascendencia histórica, la de 1996. El racimo de enmiendas que acordó el Senado contó con el asentimiento de los grupos del PAN y el PRI, que pasaron por alto objeciones de los partidos minoritarios, algunas de ellas dignas de consideración, como las expresadas por los miembros de la bancada perredista Pablo Gómez y Tomás Torres en torno a la combinación de veto presidencial al presupuesto y la reconducción de ese plan de gasto federal. La minuta respectiva debió llegar ayer mismo a San Lázaro a fin de que, tras su eventual aprobación, salga a las legislaturas de los estados a fin de completar el proceso constitucional de reforma.
Pero puede ocurrir que tal aprobación no se consume, y no por desacuerdos entre partidos, sino porque los diputados priístas, o una mayoría determinante entre ellos, no le concedan su asentimiento. La fracción peñista en el grupo tricolor se muestra indispuesta a votar por la afirmativa la minuta senatorial, por varios motivos. Uno sería negar a Beltrones una carta de triunfo, una comprobación de su aptitud para generar consensos, cualidad meritoria a la hora de sumar puntos en la contienda interna previa a la elección constitucional del año próximo.
Por otra parte, el peñismo buscará añadir a la minuta senatorial, que con ese motivo sería devuelta a su origen, la moción mexiquense para reinstaurar la cláusula de gobernabilidad. Peña Nieto firmó un artículo de prensa que Emilio Chuayffet convirtió en iniciativa para volver atrás el reloj de la historia y asegurar al Ejecutivo una mayoría de legisladores que le ofrezca la desaparecida comodidad que caracterizó a los gobiernos priístas, salvo el de Ernesto Zedillo. Con 35% de los votos, según esa reaccionaria propuesta, un partido tendría más del 50% de las curules. Es un paso atrás, que impone la gobernabilidad a la pluralidad, que aun los priístas en el Senado no estarían anuentes a aceptar, menos aún cuando tendrían que digerir la propuesta en apenas 48 horas, si mañana les fuera enviada desde San Lázaro, si quisieran aprovechar hasta el máximo el tiempo legislativo que se agota a la medianoche del sábado. Y, sobre todo, si aceptaran ofrecer ese regalo a Peña Nieto.
Se aduce también que la minuta sería devuelta al Senado sin aprobar las candidaturas independientes o ciudadanas. Quienes dan por hecho que el Gobernador mexiquense será no sólo el candidato de su partido sino el próximo Presidente de la República temen que un candidato ajeno a los partidos, y basado precisamente en el universal repudio que suscitan esas organizaciones, abatiera y aun diluyera la presunta mayoría que arde de ganas por ser gobernada por Peña Nieto. En el Senado no habría disposición a retirar una enmienda que a sus miembros costó trabajo aprobar.
La Ley de Seguridad Nacional puede evidenciar también disensos entre las dos cámaras. La de Senadores la aprobó el año pasado, a partir de un proyecto presidencial que recogió las preocupaciones castrenses respecto del papel del Ejército y la Marina como agencias de Seguridad Pública. El Senado mitigó notablemente el afán militarista que impregnaba la iniciativa presidencial y el largo periodo, más de un año, en que la minuta respectiva yació en la Cámara pareció indicar que los diputados no querían quedar mal ni con las fuerzas castrenses ni con las organizaciones sociales y los partidos que temen la militarización de la vida nacional a partir de una reforzada y legitimada presencia de las fuerzas federales en funciones de Seguridad Pública.
Debido a presiones de distinta índole –que incluirían la amenaza de publicar nexos de gobernantes priístas- los diputados priístas abandonaron su inercia y aceptaron pagar el costo de una ley riesgosa. Para ello, sin embargo, deben reenviar la minuta al Senado, y acaso no encuentren allí un animo receptivo que permita, de última hora, corregir su propia percepción del fenómeno, expresada hace más de un año, ni siquiera ante la presión militar.
Menos mal que la aplazada y esperada designación de tres consejeros del IFE es asunto exclusivo de los diputados, que si no…
