domingo, 3 de abril de 2011

Acabar la violencia en Morelos.

Del vastísimo Estado de México, que se extendía casi de costa a costa, fueron desprendidos en el Siglo XIX los territorios que hoy son Guerrero, Hidalgo y Morelos, puestos bajo la protección de esos máximos héroes. El primero surgió a mediados de la centuria antepasada. Los dos últimos en 1869, creados por Benito Juárez.

Esas entidades están en el centro de la atención pública en estos días, por motivos distintos, pero también por el denominador común de la violencia criminal, esa que, con razón pero sin autoridad se nos pide a los periodistas condenar explícitamente. Hagámoslo así, sobre todo en este momento, porque hoy a Morelos toca el infortunio de que mucha gente viva el temor y el dolor que causa la muerte, sobre todo la que brota súbitamente, incomprensible y artera.

Temprano el lunes 28 fueron hallados en un automóvil con placas de Guerrero, abandonado en Temixco, municipio conurbado a Cuernavaca, los cadáveres de siete personas. Estaban “atados de pies y manos, presentaban huellas de tortura y asfixia”, según comunicó oficialmente la Procuraduría de Justicia local. Salvo una de las víctimas, todas fueron identificadas: Eran María del Socorro Estrada, de 44 años, empleada de un hotel; Álvaro Jaimes Aguilar, ex militar, empleado de seguridad privada; Jaime Gabriel Alejo Cadena, de 25 años, comerciante; Julio César y Luis Antonio Romero Jaimes, estudiantes de la Universidad Intercontinental, lo mismo que Juan Francisco Sicilia Ortega, de 24 años.

Éste, los hermanos Romero y Jaime Gabriel eran desde niños amigos cercanos, crecieron en domicilios próximos y se habían reunido el domingo con Álvaro Jaimes, el tío de Julio y Luis Antonio. A algunos de ellos los habían asaltado delincuentes encapachados y dotados de armas largas, que los amenazaron con daños mayores si los denunciaban. Se sometieron al amago, pero no querían dejar allí las cosas. Buscaron la orientación de su familiar. A todos ellos los “levantaron” y asesinaron en las horas siguientes. No se sabe -es uno de los muchos enigmas de este crimen atroz- por qué sus cadáveres fueron hacinados con los de otras personas.

Adquirió relieve el nombre de una de las víctimas porque su padre es Javier Sicilia, un escritor laureado, activista de varias causas civiles, articulista del suplemento dominical de La Jornada semanal y de la revista Proceso. Cristiano profundo, como se ostenta sin fariseismo, ha fundado y dirigido dos revistas de espiritualidad: Ixtus y Conspiratio. La primera apareció de 1994 a 2007, y la segunda vive desde septiembre de 2009, el mismo año en que Sicilia obtuvo el Premio Nacional de Poesía por su libro Tríptico del desierto.

Todas las contribuciones periodísticas del poeta y narrador concluyen con un párrafo que podría parecer un inventario de causas perdidas. Cualquiera que sea el asunto que aborde Sicilia, termina así:

“Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO y hacerle juicio político a Ulises Ruiz”.

La búsqueda de justicia en el caso de su propia pérdida no debe ser una de esas causas perdidas abanderadas por Javier Sicilia. Si su nombre resuena por sobre el del resto de los deudos de las víctimas de Temixco -cuya pesarosa angustia debe ser compartida por todos, pues sus muertos importan como Juan Francisco- es porque puede concitar en torno suyo una movilización que ya empezó a mostrarse y sea capaz de conducir no sólo a la solución de esta matanza sino a instaurar un ambiente de seguridad en Morelos, perdido hace mucho tiempo y cuya gravedad se ha acentuado en los años recientes.

El procurador de Justicia Pedro Luis Benítez, anunció el jueves que se han librado ya órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de ese crimen. Pero los alertó al describirlos como ex funcionarios públicos, “personal que estuvo involucrado en instituciones públicas” y que pueden ser “policías, agentes ministeriales o militares”.

Ese es un dato que explica en amplia medida el estallido de la violencia en Morelos: la confusión entre delincuentes y encargados de perseguir a los delincuentes. En tiempos del último Gobernador electo con la bandera del PRI, Jorge Carrillo Olea, quedó claro que era guarida de bandoleros la Policía Ministerial, cuyo director purga todavía hoy prisión por delitos cometidos y solapados. El jefe de la Unidad Antisecuestro era un secuestrador.

La alternancia en el Poder ejecutivo estatal no mejoró la seguridad. Al contrario, el frívolo gobernador Sergio Estrada Cajigal mantuvo relación cercana con la hija de Juan José Esparragoza, veterano capitán del narcotráfico, apodado ‘El Azul’, que se refugió en Cuernavaca desde los años noventa, como hizo también ‘El señor de los cielos’, Amado Carrillo. El suegro del gobernador, Enrique Batting, fue cesado como director del aeropuerto local por presuntas acciones de protección a delincuentes, que operaban a gusto en esa terminal aérea.

El sucesor de Estrada Cajigal, su correligionario y luego rival, Marco Antonio Adame, conservó como secretario de Seguridad Pública a Luis Ángel Cabeza de Vaca, pero tuvo que prescindir de él en mayo de 2009 cuando la Procuraduría General de la República lo acusó de recibir dinero de Arturo Beltrán Leyva a cambio de protección. En un intento de salvar las formas, el Secretario renunció horas antes de ser detenido por la Policía Federal Ministerial. Tuvo que renunciar también el procurador Francisco Coronado Rodríguez, si bien a él no se le abrió causa penal. Cabeza de Vaca, en cambio, fue primero arraigado y luego sometido a proceso, que lo mantiene preso en el penal de San José del Rincón, cercano a Tepic.

Tras perder la protección de tal jefe policiaco, Beltrán Leyva quedó expuesto a las indagaciones norteamericanas en México, y los servicios de la embajada lo ubicaron en un condominio de lujo en Cuernavaca. Allí fue sorprendido en diciembre de 2009 y ultimado en una escaramuza con infantes de Marina, poseedores de la información que el embajador Carlos Pascual entregara inicialmente al Ejército y trasladara después a La Marina, ante la abulia y la “aversión al riesgo” que el diplomático diagnosticó en los militares. De esas investigaciones brotó un dato profundamente inquietante: en una agenda del jefe del narco ultimado aparecía una línea con el número de una cuenta bancaria a nombre de Adame, el Gobernador. Se comprobó que la cuenta está abierta en Banamex y que su titular es la misma persona que ejerce el poder ejecutivo. No se sabe por qué figuraba entre la documentación de unos criminales.

Después de la caída de Beltrán Leyva se acentuó la violencia asociada al narcotráfico en Morelos, principalmente en la conurbación capitalina. Surgió una nueva organización delincuencial, el Cártel del Pacífico Sur, que se adjudicó varios tremebundos actos de ferocidad criminal. Con su participación o sin ella, no faltó mes del año pasado sin que ocurrieran acontecimientos estremecedores en Cuernavaca o sus alrededores. Resulta imposible en el reducido espacio de esta columna enumerar siquiera, ya no digamos reseñar y examinar, la multitud de crímenes a los que no ha seguido castigo alguno, probablemente porque ni siquiera se investigó nada. Sólo a título de lamentables ejemplos cabe recordar el incendio de varias casas y negocios cuyos propietarios no pagaron la extorsión exigida; los quince homicidios cometidos en Semana Santa; las seis víctimas de la colonia Lázaro Cárdenas, los tres colgados de un puente en autopista a Acapulco, sacados de la prisión de Xochitepec, a cuyo director lo mataron también después; los cadáveres encobijados y degollados que menudean; el hallazgo de dos narcofosas en Puente de Ixtla.

El primer trimestre de este año ha producido la muerte violenta de personas con vida pública: el Alcalde de Temoac, su hijo y un ayudante; y del dirigente estatal de la CTM. Aunque al calor de este homicidio se movió un sector de la población morelense, ha faltado la presión social necesaria para sacudir la abulia o castigar la complicidad gubernamental. Que el dolor de los deudos de los siete asesinados en Temixco se convierta en motor de esa movilización necesaria y urgente.