Marisela Morales Ibáñez no sólo será la primera mujer el frente de la Procuraduría General de la República, sino también la primera persona que llega a la máxima posición en esa dependencia con carrera en el Ministerio Público. Sólo dos subprocuradores, Óscar Treviño Ríos en 1962 y Humberto Benítez Treviño en 1994, fueron ascendidos, pero a su primer cargo en la PGR arribaron desde ámbitos distintos a la procuración federal de Justicia.
Como miembros que son del gabinete, sobre todo antes de que fuera necesaria la ratificación senatorial de su nombramiento, los procuradores de la República contaban con la confianza política del Presidente, por encima de su aptitud técnica. Por eso uno de los signos del desempeño en la PGR ha sido la frecuencia con que mudan sus cabezas. Son excepcionales los casos de procuradores que cumplieron el sexenio del Presidente que los nombró: José Aguilar y Maya, bajo Ávila Camacho (y tres años más, con Ruiz Cortines), Francisco González de la Vega, con Alemán, Óscar Flores Sánchez, con López Portillo, y Sergio García Ramírez, con De la Madrid.
En cambio, casi todos los presidentes del medio siglo reciente debieron nombrar a más de un procurador. A veces, porque los nombraron gobernadores: López Mateos a Fernando López Arias en Veracruz, Díaz Ordaz a Antonio Rocha en san Luis Potosí. Las más de las veces, sin embargo, los titulares de la PGR tuvieron que irse por coyunturas políticas: por ejemplo, Julio Sánchez Vargas fue sustituido por Pedro Ojeda Paullada a raíz de la matanza del Jueves de Corpus Fue significativo que Salinas de Gortari designara cinco procuradores Enrique Álvarez del Castillo, Ignacio Morales Lechuga, Jorge Carpizo, Diego Valadés, Benítez Treviño), señal inequívoca de la inestabilidad política de su sexenio. Por lo mismo, Zedillo tuvo a sus órdenes al panista Antonio Lozano y después a Jorge Madrazo. Fox designó asimismo a un par: el general Rafael Macedo de la Concha y a Daniel Cabeza de Vaca. Calderón había reemplazado en 2009 a Eduardo Medina Mora por Chávez Chávez (que había sido delegado de la PGR en Chihuahua, y procurador en esa misma entidad) y ahora se ha deshecho de ese “soldado de a pie”, como lo llamó en el momento de su designación el embajador Carlos Pascual, según supimos por WeakiLeaks.
Pionera en el ámbito federal, Marisela Morales Ibáñez ha sido antecedida por procuradoras locales, no en gran número, pues en ese ámbito como en otros de la política y la administración priva una reticencia sexista, aunque por supuesto el examen de su labor no necesariamente esté infectado por ese mismo defecto. La primera mujer que llegó a esa responsabilidad fue Victoria Adato Green, a quien el presidente Miguel de la Madrid nombró procuradora de Justicia de Distrito Federal. Si bien a la hora de su designación pertenecía al Poder Judicial (donde había sido jueza y magistrada), había ganado experiencia ministerial en la dependencia que dirigió de 1982 a 1985.
Su paso por la procuraduría capitalina quedó marcado por dos acontecimientos graves, en que mostró su incapacidad para asumir sus responsabilidades, y la dejadez con que actuaba. El primero fue el asesinato de Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984. Tratándose de un homicidio, su investigación correspondía al Ministerio Público local, pero la procuradora permitió que la Dirección Federal de Seguridad (a cuya cabeza estaba el propio verdugo de la víctima) se encargara de la indagación durante los primeros meses. Cuando el caso le fue entregado, ella consintió en que la averiguación se perdiera en banalidades y hasta en pistas que denigraban a Buendía, con el ruin ánimo de inferirle una segunda muerte.
Al año siguiente, el terremoto del 19 de septiembre dejó al descubierto la práctica de la tortura y la extorsión que, según era vox populi, caracterizaban a la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría. El sismo derruyó el edificio de esa dependencia, y cuando los rescatistas hicieron su benemérita labor hallaron seis cadáveres, maniatados y guardados en cajuelas de patrullas policíacas. Eran las atroces y diminutas celdas en que agentes judiciales encerraban a delincuentes a los que extorsionaban bajo la amenaza de prisión o deportación, pues los cuerpos hallados en los separos correspondían a colombianos llegados aquí a delinquir.
Tenía una peculiar concepción de la justicia. Según narró en sus memorias el presidente De la Madrid, ella le “contó que al hacer una revisión en los separos de la Procuraduría, encontró a un detenido gravemente golpeado: tenía las costillas rotas. Al verlo, preguntó quién lo había golpeado, y cuando le indicaron que había sido uno de los mismos agentes de la Procuraduría, dio instrucciones a otro elemento de la corporación para que en su presencia le rompieran las costillas a quien había golpeado al detenido”.
El hallazgo de los cadáveres hizo insostenible la posición de la procuradora Adato. De modo que De la Madrid le nombró ministra de la Corte en diciembre de 1985, para darle una salida airosa.
Quizá la primera procuradora estatal fue Patricia Pedrero Iduarte, nombrada por Roberto Madrazo en la necesidad de legitimar su Gobierno ganado a la mala a López Obrador en 1994. Ulises Ruiz nombró dos procuradoras, Lizbeth Caña y María de la Luz Candelaria, sobre todo la primera unidas a él en su autoritarismo. Y Patricia González, procuradora en Chihuahua hasta el año pasado, padece hoy quebrantos familiares por la violencia que, en su ámbito, no pudo frenar.
